Redacción DHSF
Cada vez más comunidades originarias se unen a la huelga indefinida de la provincia de Espinar que hoy cumple 23 días en pleno estado de emergencia por el COVID-19. Esta vez, Bajo Huancané y Antaccollana respaldan la entrega del bono solidario de S/ 1000, así como la reformulación del Convenio Marco, el acceso a la justicia ambiental, la atención inmediata a los afectados y afectadas por metales tóxicos y el respeto a los derechos de las comunidades originarias.
Estas poblaciones originarias se ubican alrededor de la empresa Antapaccay, por lo que padecen los impactos de la actividad minera, según el dirigente del Comité de Lucha de Bajo Huancané, José Leónidas Merma Puma. “La minería no es una bendición, la minería es una maldición. Más que traer desarrollo y oportunidades; ha traído la contaminación, pobreza, enfermedades, los conflictos y criminalización a los territorios de las comunidades originarias”, expresó.
Son casi 40 años de convivencia con la minería. A parte de los impactos ambientales como afectación al paisaje natural comprometiendo a las especies nativas, contaminación al aire, tierra y agua, también se ha afectado la salud humana con metales tóxicos. A ello se suma la alta morbilidad, mortandad y abortos en los animales generándoles grandes pérdidas a las familias campesinas. Además, los impactos sociales como la alta fragmentación social, la conflictividad, la vulneración de los derechos de las comunidades y la criminalización de los defensores han sido evidentes, así lo precisó el dirigente. “La empresa minera nos ha dividido, nos hace pelear entre nosotros, corrompe a nuestras autoridades y dirigentes, persigue y criminaliza a los defensores”, manifestó José Leónidas Merma.
La expectativa de desarrollo sostenible ha provocado frustración colectiva. De acuerdo a Merma, no hay un solo proyecto de gran envergadura ejecutado por la empresa minera y/o Convenio Marco. Tampoco las comunidades tienen saneamiento básico, no tienen una buena escuela, una buena posta medica ni una infraestructura de riego.
Tampoco se ha atendido de manera prioritaria y diferenciada la salud de las comunidades por ser directamente afectadas por la minería. De igual manera, no existiría oportunidad laboral para los jóvenes de las comunidades originarias ni siquiera para que hagan sus prácticas profesionales en la empresa Antapaccay.
GARANTIZAN PAZ SOCIAL
De otro lado, las autoridades y sociedad civil del distrito de Condorama como el alcalde, regidores, dirigentes acordaron en una reunión garantizar la paz social y tranquilidad en la víspera y durante la visita de la Comisión de Alto Nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para restablecer el diálogo en Espinar.
Como es público, de acuerdo al último comunicado de la PCM, dicha comitiva arribaría al distrito de Yauri mañana 7 de agosto, aunque tras la negación del voto de confianza al jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, no se ha confirmado si se instalará la mesa de diálogo en la fecha establecida.
También las autoridades y las organizaciones sociales del distrito de Alto Pichigua aceptaron la propuesta de mantener la paz social a partir de hoy. En caso la comisión no llegue a un acuerdo, se continuará con la medida de fuerza.
