Por: Rut Pérez Saldarriaga – Área de Derechos Colectivos, Medio Ambiente y Salud
“Los efectos negativos de la industria minera en el medio ambiente se manifiestan principalmente por la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, aire, suelos, vegetación y biota. También en problemas ambientales de salud, contaminación de ruido, y conflictos culturales y sociales. Últimamente, en base evidencias científicas, la industria minera, especialmente la industria extractiva de carbón, han sido notificados que desde sus inicios son también un activo contribuyente en las consecuencias del cambio climático.”
Edgardo Alarcón León – Científico Geoambiental/Geotecnico – Universidad Daniel Alcides Carrión de Pasco.
Leyendo el extracto mencionado arriba por Edgardo Alarcón podríamos pensar que fue escrito este o el año pasado; sin embargo, fue escrito en el año 2009. Tristemente esta realidad no ha cambiado.
El 9 de agosto de 2021, el Grupo I del IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático) de las Naciones Unidas publicó el 6to informe de evaluación (AR6) denominado “Cambio climático 2021: La base de la ciencia física”, en el que participaron más de 200 científicos como autores y muchos otros como revisores. El informe concluye que la temperatura global seguirá en aumento si es que no hacemos un cambio radical en nuestro modelo de vida actual.
Estamos en 2021 y las declaraciones de Edgardo parece que no han generado cambio alguno. Las leyes que apoyan las actividades extractivas, no solo en Perú, sino a nivel mundial, siguen en pie. A pesar que contamos con un Ministerio del Ambiente y un Ministerio de Salud conocedores de los efectos negativos que hoy en día se presentan en miles de personas en el territorio nacional por causa de metales pesados y otras sustancias tóxicas en su organismo, no deriva en la promulgación de leyes o políticas públicas más estrictas en favor de los más afectados.
Si hablamos del cambio climático lo primero que pensamos son en las vivencias o fotos de los deshielos en los polos, de las inundaciones y lluvias torrenciales en las costas, los huaicos, el fenómeno de la niña o el niño, entre otros. Pero tal vez nos es más complicado pensar en cómo las actividades extractivas (minería y megaminería, pesca a gran escala, agricultura a gran escala, extracción de petróleo, entre otras) pueden estar alimentando a este daño de la tierra.
Lo cierto es que las actividades extractivas, al momento de realizar el cambio de uso de suelo (de pasar de bosque a agrícola, o de agrícola a urbano, o de policultivo a monocultivo), generan aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, como el metano, así como la disminución de captura de carbono. Esto trae como consecuencia el aumento de temperatura en esa zona de la tierra, que, a su vez, por ejemplo, genera la disminución de la captura de agua causando daños locales, pero también alimentado el daño a nivel global de los ciclos compensatorios del agua, aire y suelo.
Asimismo, al iniciarse un nuevo proyecto minero se dinamita y esto genera partículas diminutas conocidas como PM5 (material particulado de 5 micrómetros) y PM10 (material particulado de 10 micrómetros) que permanecen en el aire evitando un correcto flujo de los rayos solares y generando que permanezcan en la tierra. Al caer estas partículas sobre los cultivos generan una menor superficie disponible en las plantas para realizar la fotosíntesis, generando poca producción de oxígeno y disminuyendo la captación de dióxido de carbono. Sumado a esto, se generan daños en los ciclos de los cultivos ya que no pueden crecer de forma adecuada, trayendo como consecuencia pérdidas económicas en los agricultores y disminución de alimento para la población. Estas partículas también causan daño al sistema respiratorio humano y mamífero en general, pudiendo generar a la larga cáncer de pulmón, así como otras enfermedades.
Otro de los daños causados por estas actividades está en la contaminación a los cuerpos de agua, como la presencia de petróleo en las aguas de los ríos en la selva o en la costa norte del país, que generan una disminución de la superficie de entrada de luz natural (rayos solares) a las aguas y con ello las plantas menores e invertebrados no pueden generar alimento y, por ende, mueren, causando daño en la cadena trófica natural de un ecosistema acuático. Además, la presencia de metales pesados y residuos químicos en el agua generan daño a sus consumidores, ya sean plantas, animales o seres humanos, que en la mayoría de los casos son irreversibles.
La lista podría seguir.
Volviendo a este 6to informe del IPCC, nos cuenta la historia de lo que ya veíamos venir, pero no queríamos ver. Como dice un amigo climatólogo, “con este informe, la historia de los negacionistas del cambio climático se cae a pedazos”, y es que la información compartida tiene tanta base de investigación que es innegable que somos los seres humanos que por tanto querer acumular y con ello alimentar al sistema capitalista, nos hemos creado una necesidad de la existencia de las industrias extractivas, haciendo que estas cobren un lugar principal en nuestra sociedad y en consecuencia hemos generado el aumento de la temperatura global.
El IPCC hace un enérgico llamado a los decisores políticos en esta materia, mencionando que, si no tomamos acciones radicales sobre nuestras emisiones, la temperatura global a fines de siglo (2100) no va a poder limitarse a 1.5 o 2°C como se tenía previsto, sino que llegaría hasta casi 5°C. Esta es una noticia fatal, ya que hoy en día sin haber llegado al 1,5°C de aumento de temperatura global ya contamos con terribles consecuencias ambientales y sociales. No quisiera imaginar cómo sería llegar a 5°C de aumento.
En noviembre de este año se llevará a cabo la COP 26 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático – lleva el #26 puesto que es el año 26 que se realiza), donde los países firmantes del Acuerdo de París se reunirán nuevamente para tomar decisiones a nivel global sobre los temas ambientales. Esperamos que las negociaciones que se hagan sean considerando este 6to informe, pero también mirando internamente a cada país y las terribles consecuencias que hoy en día vivimos. Estamos en meses cruciales ya que a la COP los países llegan con decisiones ya tomadas.
Para concluir no quisiera dejar de recordar y mencionar que las leyes ambientales deben ir acompañadas también de leyes que permitan la vigilancia y el monitoreo ambiental desde la sociedad civil, así como la generación de garantías sobre las vidas y familias de quienes defienden el ambiente. Milenariamente esta actividad la han realizado comunidades campesinas y pueblos indígenas, a los cuales hoy en día se suman muchos activistas ambientales. El país tiene una deuda pendiente para con ellos. Desde el anterior Congreso de la República se ha venido posponiendo la Ley Marco sobre Monitoreo y Vigilancia Ambiental, así como la ratificación del Acuerdo de Escazú. Esto no puede seguir posponiéndose más.
La aprobación de dicha Ley y la ratificación al Acuerdo, ayudarían a garantizar la protección de las vidas y familias de defensores ambientales, así como al reconocimiento de los procesos de monitoreos comunitarios que se realizan directamente desde las comunidades con el fin de preservar la naturaleza. Esperamos que la situación ambiental y social actual puedan llevar a este Congreso, y nuestros demás poderes del Estado, a decidir rápida y oportunamente en favor de la defensa de nuestro territorio.