Por: Soc. Jose Antonio Lapa Romero
Un análisis sobre las dinámicas de dominación histórica, las amenazas extractivistas sobre el territorio y la urgente constitución de los pueblos originarios como sujetos políticos autogobernados.
La herencia colonial: de las grandes civilizaciones a la dominación estructural
Los pueblos indígenas en la larga historia peruana se constituyeron en enormes civilizaciones como Caral, Chavín, Moche, Chimú, Paracas, Qollas, Wari, Lupacas, Chankas, K’anas, Chumpiwillcas, Nazca, Chachapoyas e Inca, junto a una vasta diversidad de naciones a lo largo de la geografía nacional. La violencia desatada con la llegada de los europeos, el etnocidio y el trabajo forzoso de la mita no solo tuvieron efectos demográficos devastadores, sino que redefinieron y estructuraron nuevas relaciones de poder, clases sociales y divisiones étnicas (república de indios y república de blancos, servilismo) a lo largo de los siglos subsiguientes, configurando nuestra herencia colonial.
La violencia, el servilismo y el vasallaje en las haciendas andinas y costeras, sumados a la esclavitud ejercida por los caucheros en la Amazonía, forman parte de las formas de dominación estructural impuestas por las élites blancas, criollas y mestizas. Durante más de 500 años, la historia de los pueblos indígenas ha estado marcada por una permanente tensión entre la violencia y la resistencia, en un contexto donde han sido —y continúan siendo— considerados como «inferiores», «sin alma» o «menores de edad».
Territorio en disputa: extractivismo y asedio sobre las comunidades
Las movilizaciones indígenas a lo largo del siglo XX y las tomas de tierras impulsaron la reforma agraria, proceso que configuró la existencia de más de 10 mil pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas. Hoy, estas comunidades poseen la propiedad colectiva del 49% del territorio peruano y albergan a más de 5 millones de personas que se autoidentifican como indígenas. Sin embargo, los territorios indígenas de la Amazonía y del área andina atraviesan un sistemático y extendido impacto a causa del extractivismo y diversas actividades lícitas e ilícitas: gran minería, minería aurífera aluvial, tala ilegal, narcotráfico, deforestación para uso agrícola y ganadero, monocultivos agroindustriales y lotes petroleros o gasíferos.
Estas formas insostenibles de economía han convertido a la naturaleza en un mero objeto de explotación, intensificando la destrucción ambiental y ejerciendo una enorme presión sobre los derechos de los pueblos originarios y sus medios de vida. En la actualidad, las violaciones de derechos se originan también desde el propio Estado al concesionar y priorizar inversiones en territorios comunales para megaproyectos mineros, de hidrocarburos y agroexportación. A la par, los pueblos originarios continúan siendo víctimas de un racismo y clasismo sistemáticos que ningunean su trayectoria histórica. La exclusión se perpetúa a través de la invisibilización y de una débil garantía de derechos; los «indígenas menores de edad» de ayer son hoy los ciudadanos «sin oxígeno» y sin capacidad de decisión según la mirada de ciertas élites que deslegitiman y racializan lo andino y amazónico.
Hacia la autodeterminación y el Estado plurinacional
Las históricas relaciones de dominación y violencia estructural han condicionado a las comunidades a reproducir dinámicas de subordinación. En muchos casos, los pueblos aún no se han consolidado como actores con pleno control sobre sus territorios, debido a que la dependencia respecto al Estado, al capital privado y al antiguo régimen hacendario ha obstaculizado su constitución como sujetos políticos capaces de transformar su realidad. Si bien la resistencia ha mantenido viva la imagen de los pueblos indígenas como guardianes de la sabiduría ancestral y de la biodiversidad, es indispensable situar en el centro la constitución de sujetos políticos con autodeterminación y autogobierno, capaces de decidir libremente su presente y futuro más allá de la tutela estatal.
Asimismo, la heterogeneidad de la sociedad peruana exige avanzar hacia la construcción de un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe que refleje el peso demográfico, territorial y político de las naciones originarias.
En conclusión, lo indígena no solo debe disputar su representación en la estructura social y política del Perú, sino, fundamentalmente, consolidarse mediante sujetos políticos territoriales que reafirmen su identidad, defiendan sus tierras y ejerzan el derecho a decidir su propio destino.
