La Red Muqui, miembros de las redes macroregionales de Muqui Centro, Muqui Norte y el Colectivo de Abogados y Abogadas de Muqui Sur, expresamos nuestro rechazo y preocupación frente a las opiniones vertidas por el archivamiento de la Resolución Legislativa que busca ratificar el acuerdo de Escazú denominado “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Al respecto señalamos lo siguiente:
1.- Rechazamos el adelanto de decisión de no ratificar el Acuerdo de Escazú por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Consideramos que no ratificar dicho acuerdo sería un grave retroceso del Estado peruano en la línea de promover la vigencia y garantía de los derechos humanos, territoriales y ambientales.
2.- Precisamos que el Acuerdo de Escazú no contraviene los principios y valores del Estado Peruano. Todo lo contrario, el Acuerdo es un instrumento internacional que busca fortalecer la protección de los derechos, en especial el medio ambiente, la vida de los defensores y defensoras y la vigencia de la democracia a través de la participación y fiscalización ciudadana en materia ambiental.
3.- Resaltamos que la ratificación del Acuerdo de Escazú no implica que el Perú pierda su soberanía sobre sus recursos naturales, bienes comunes o la jurisdicción interna. El artículo 3ro de dicho Acuerdo establece claramente que se rige por el irrestricto respecto de la “soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales”. El Perú, como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoce las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que ello haya significado el menoscabo a nuestro sistema de justicia interna; al contrario, la cooperación entre las cortes ha fortalecido nuestra democracia.
4.- La labor de defensa de derechos ambientales en nuestro país enfrenta muchos riesgos como asesinatos y criminalización de defensores y defensoras ambientales, tal como lo hemos constatado en las ultimos meses en nuestro país. Por ello es importante reforzar los mecanismos para acceder a información, desplegar mecanismos reales de protección de defensores y garantizar el acceso a la justicia en caso de daños. El Acuerdo de Escazú otorga estos y otros estándares de protección y así lo reconocen la mayoria de paises que la han suscrito.
Finalmente, por todo lo señalado INSTAMOS a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República a ratificar el acuerdo de Escazú, pues permitirá asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras.
19 de octubre del 2020.
