COMUNICADO
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, nos dirigimos a la opinión pública para expresar nuestra profunda preocupación ante los hechos de violencia y represión que ha afectado a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Espinar, quienes están acatando un paro indefinido desde hace 19 días, en medio de la pandemia que viene afectando la economía de las familias y el Estado de emergencia que limita el ejercicio de sus derechos. Al no atenderse el pedido de diálogo para buscar una solución al conflicto, la población ha decidido reactivar las medidas de protesta en las vías de acceso a Espinar.
La pandemia y la cuarentena obligatoria llevó a las organizaciones a proponer un bono solidario excepcional en el Comité de Gestión del Convenio Marco. Cabe recordar que el Convenio Marco suscrito entre la empresa minera Antapaccay y la Municipalidad Provincial de Espinar establece un fondo de 3% de las utilidades de la empresa para proyectos de desarrollo, el mismo que es administrado por un Comité de Gestión con participación de los gobiernos locales, las organizaciones sociales, las comunidades y la empresa. Así, el 14 de mayo dicho Comité de Gestión tomó la decisión de adjudicar fondos del Convenio Marco para el proyecto “Mejoramiento de los servicios de capacidades socio económicas, para la reactivación económica familiar frente a la situación de emergencia COVID-19, en los 8 distritos de la provincia de Espinar”, que sustenta el otorgamiento del bono solidario de emergencia.
Sin embargo, la empresa Antapaccay, de la transnacional Glencore, se ha negado a desembolsar dichos fondos. Este desacuerdo ha generado que por más de 60 días se viva una situación de tensión, que llevó al inicio un paro indefinido el pasado 15 de julio. En estas semanas, se han producido enfrentamientos, los que llegaron a su momento de mayor violencia entre los días 19 y 22 de julio, resultando 3 personas con heridas de bala y decenas con perdigones, así como el hostigamiento al personal médico del hospital de Espinar que atendía a los manifestantes. También se recurre nuevamente a la criminalización de la protesta: ya 8 dirigentes recibieron notificaciones en vía de prevención del delito por desobediencia a la autoridad por parte del Ministerio Público.
El conflicto de Espinar no es nuevo. La provincia convive por casi 40 años con la actividad minera. Sin embargo, esta no ha contribuido a mejorar de manera significativa las condiciones de vida de la población. Esta pandemia ha sacado a la luz problemas estructurales, como la persistencia de la pobreza (según datos del Midis, 76% son pobres y pobres extremos). Al mismo tiempo, la población de Espinar vive los impactos negativos de la minería que vulneran sus derechos: cientos de personas de las 6 comunidades aledañas a la explotación minera sufren de niveles biológicos detectables de arsénico, cadmio, mercurio y plomo en sus cuerpos; y la población denuncia afectación a la producción agrícola y pecuaria, incremento de la mortandad de animales, contaminación de los ríos Cañipia y Salado. Además, las organizaciones sociales enfrentan una estrategia por parte del Estado que constantemente los estigmatiza y criminaliza, principalmente tras el conflicto de 2012.
Frente a ello, exigimos que la protesta social sea resuelta en el tiempo más breve posible, atendiendo las demandas de la población mediante un diálogo sin condicionamientos, que garantice el cumplimiento de los acuerdos y respetando los derechos humanos. Las entidades competentes del Estado deben realizar con celeridad la investigación de las vulneraciones de derechos que se hayan producido en Espinar, y sancionar la actuación arbitraria y desproporcionada de las fuerzas del orden. Así mismo, hacemos un llamado al Ministerio Público y a los efectivos policiales y las FF.AA a actuar en el marco de los estándares internacionales a los derechos humanos.
Cusco – Lima, 01 de agosto del 2020
